Aportaciones a la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

 

Ante la consulta previa a la redacción de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria  Represión y Exilio quiere colaborar con las siguientes

 

A P O R T A C I O N E S :

 

Partiendo del hecho indiscutible de que una Ley de Memoria Histórica debe tener como objetivo prioritario la reparación de los derechos de las víctimas y de sus familiares, entre ellos el ineludible derecho de saber toda la verdad hasta las últimas consecuencias, la cuestión que planteo se refiere a la mejor manera de contribuir a lograrlo.

Profundizar en la cultura de la memoria es una tarea muy relevante y se trataría de determinar los mejores cauces que contribuyen al objetivo de la divulgación de la Memoria Colectiva referida no solo a términos de reconocimiento o ampliación de derechos sino a un concepto ideológico e historiográfico de conocimientos de los hechos. Y a ello contribuye de manera decisiva el papel que juegan las Asociaciones de Recuperación de la Memoria o los Grupos de Investigación, pero también pueden resultar decisivos los pasos que dan aquellas personas que investigan en una materia concreta o en un ámbito geográfico. La aportación que pueden hacer a grupos o comisiones de trabajo, basadas muchas veces en la entrevista o la recopilación de documentos, pueden resultar una una nueva fuente nada desdeñable.

Nuestra realidad, o la que yo conozco al menos, es una ausencia generalizada de grupos de investigación (recientemente compensada por los imprescindibles- trabajos de localización de fosas) y una presencia testimonial –al menos geográficamente- de Asociaciones en Defensa de la Memoria.

Contribuir a divulgar los trabajos individuales o de reducidos grupos locales, así como avalar las dificultades que aún encuentran para acceder a Archivos o Registros Públicos, es la propuesta que hago.

Y todo ello, después de constatar las dificultades que en la situación actual nos encontramos:

– Una Ley estatal de Memoria Histórica que,  si bien en su Exposición de Motivos, se refiere tímidamente a las políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, circunscribe su actuación al ámbito público.

– El acceso a las fuentes de documentación las amplía exclusivamente a los grupos de investigación que, en términos generales, son también públicos (universidades fundamentalmente) o cuentan con los avales de algún organismo público.

– Asociaciones o sujetos quedan fuera del alcance de esa norma general, lo que contribuye al argumentario de los que se oponen a la filosofía de la Ley.

 

Como ejemplo de lo expuesto, me refiero a Resoluciones como la establecida por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que en su Instrucción de 4 de Noviembre de 2008, sobre acceso a la consulta de los Libros de Defunciones de los registros civiles, restringe dicho acceso a los que padecieron persecución o violencia, contraviniendo el art. 22 de la Ley Estatal de Memoria Histórica, que regula el derecho al acceso a los Archivos Públicos (y el Registro, aunque especial, lo es) y, lo que es más grave, contraviniendo el Reglamento del propio Registro Civil que tiene carácter público y debe presumir el interés en el que solicita la certificación, por el mismo hecho de hacerlo.

Algunos registros, en una interpretación torticera de la Instrucción referida, se niegan a la expedición de dichos certificados a quien no pertenece a una investigación científica o cuenta con el aval de una institución, con argumentos tan peregrinos como que se hace una utilización abusiva ante la petición de 18 Certificados, siendo la capital de la región, sede del centro con mayor número de ejecuciones o del único hospital en la Región para la mayor parte de los municipios, remitiendo a archivos privados como los eclesiásticos, en una desconsideración intolerable hacia la aconfesionalidad del estado o hacia la libertad religiosa de las víctimas y eludiendo que el Registro Civil es el único legal que puede dar fe de la filiación de las personas.

De ahí mi propuesta también a impulsar una acción de las administraciones para la retirada de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

 

 

Laredo, 12 de Abril de 2018

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