El Gobierno pone en marcha la participación en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria

El Gobierno somete a consulta pública la elaboración de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria

La norma busca ser una de las más ambiciosas de todo el país e incluirá un presupuesto específico para abrir las fosas comunes del franquismo

El trámite servirá para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura ley

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria entra en la recta final. El Gobierno de Cantabria  ha anunciado oficialmente este miércoles la puesta en marcha del proceso legislativo con la apertura del periodo de consulta pública, un trámite previo que servirá para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas antes de presentar el texto final.

Se trata de una norma que busca ser una de las más ambiciosas de todo el país e incluirá, como mayor novedad, un presupuesto específico para abrir las fosas comunes que aún quedan en el territorio de la comunidad autónoma más de 80 años después del comienzo de la Guerra Civil, y que un estudio independiente coordinado por el investigador y arqueólogo Ángel Armendáriz cifra en más de 150.

Según explica el Ejecutivo, l a Consejería de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto elaborar el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria con el fin de regular políticas públicas para recuperación de la memoria histórica de los ciudadanos que fueron víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El departamento que dirige Francisco Fernández Mañanes (PSOE) entiende que es “necesario” elaborar una norma que otorgue una cobertura jurídica propia a Cantabria, compatible con la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatatero (PSOE) a nivel nacional, y que reconoció derechos y estableció medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, teniendo en cuenta además la legislación y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por España.

Tal y como adelantó eldiario.es a finales de 2017,  e l PSOE quiere pisar el acelerador e impulsar en la recta final de la legislatura una promesa electoral aún incumplida, como es la aprobación de esta Ley de Memoria Histórica de Cantabria que se basa, según recalcan los socialistas, en los principios de “verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición”.

En esta línea, el Ejecutivo bipartito ha empezado a trabajar de la mano de las distintas asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas del franquismo con el objetivo de llevar al Parlamento de Cantabria “lo antes posible” un anteproyecto de ley que defienda la memoria de los miles de cántabros que dieron su vida por la democracia y la libertad.

“El objetivo de la norma es hacer efectivos los derechos de los ciudadanos a conocer la historia de la lucha por los derechos y libertades, a investigar los hechos de violencia o persecución, y a la reparación por ellos; estableciendo el marco jurídico que dote al Gobierno de Cantabria de las herramientas necesarias para facilitar a las víctimas y a sus familiares la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de medidas individuales y colectivas para la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”, subraya la Consejería de Cultura.

Plazos de consulta

Con el fin de que los potenciales destinatarios de la norma y la ciudadanía en general tengan la posibilidad de participar y realizar aportaciones sobre ella, ha abierto un periodo de consulta pública que comienza de manera efectiva este mismo jueves 5 de abril.

La opinión y las aportaciones de los ciudadanos y de las organizaciones se dirigirán a la Dirección General de Cultura y podrán presentarse en el Registro de la Consejería en Santander o en cualquiera de los lugares establecidos por ley para tal efecto. La consulta pública se abre por espacio de 10 días hábiles y finaliza definitivamente el miércoles 18 de abril.

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